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Sheinbaum señala red de contratos electorales por más de 2 mil 700 mdp que apunta a la gestión de Lorenzo Córdova

Sheinbaum señala red de contratos electorales por más de 2 mil 700 mdp que apunta a la gestión de Lorenzo Córdova

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que señala a los hermanos Hernández Casillas como integrantes de una red empresarial que ha obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales durante casi tres décadas.


Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que este esquema se fortaleció entre 2014 y 2023, cuando Lorenzo Córdova presidía el Instituto Nacional Electoral (INE).


De acuerdo con la secretaria Raquel Buenrostro, entre 2015 y 2023, un total de 23 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. Entre 2024 y 2025, ya bajo la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE, otras 15 autoridades electorales locales contrataron a estas empresas por 646.3 millones de pesos.


En conjunto, las contrataciones señaladas suman 2 mil 740.3 millones de pesos, correspondientes a ambos periodos.


Sheinbaum también vinculó los antecedentes de esta red empresarial con personajes relacionados con el partido SOMOS, entre ellos Juan Carlos Padilla Aguilar, así como exfuncionarios electorales como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y el propio Lorenzo Córdova.


La presidenta sostuvo que las posibles irregularidades deben investigarse independientemente de quién haya encabezado el INE, incluida Guadalupe Taddei, y señaló que corresponde a las instancias fiscalizadoras y judiciales determinar responsabilidades.


Asimismo, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que esta empresa estatal asuma la fabricación de materiales electorales y se reduzcan los riesgos de prácticas irregulares en las contrataciones.


Los señalamientos expuestos por el Gobierno federal se basan en una investigación de fuentes abiertas y no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial que acredite actos de corrupción o responsabilidades individuales.

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