La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no representan un mecanismo de censura, luego de las críticas surgidas tras la presentación del proyecto. La mandataria afirmó que las disposiciones, derivadas de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, permanecen en consulta pública hasta el 21 de agosto y su finalidad es fortalecer los derechos de las audiencias.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum desmintió versiones que señalaban que las nuevas reglas buscan limitar los contenidos en radio, televisión, prensa o redes sociales. “No hay censura ni va a haber censura en la ley”, enfatizó, al explicar que el documento difundido aún no ha sido aprobado y continúa abierto para recibir observaciones de concesionarios y ciudadanos.

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron un día después de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó su postura sobre el proyecto. Aunque el organismo afirmó que no considera que exista una intención de censurar, advirtió que algunos apartados del documento podrían requerir modificaciones para evitar riesgos a la libertad de expresión y reducir posibles márgenes de discrecionalidad.

Entre las principales inquietudes planteadas por la CIRT destacan las disposiciones relacionadas con la determinación de información falsa o descontextualizada, el régimen de sanciones económicas contemplado en el proyecto y la posibilidad de que la autoridad revise resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias. Además, pidió que se establezca de manera expresa que no se acepten denuncias anónimas para evitar posibles abusos.

El Gobierno federal reiteró que los lineamientos únicamente aplican a concesionarios de radio y televisión, así como a servicios de televisión y audio de paga, por lo que no abarcan a la prensa escrita ni a las plataformas digitales. El proyecto permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual podrán participar representantes de la industria, organizaciones civiles, académicos y ciudadanía antes de su eventual aprobación.