Integrantes de la familia Gallego denunciaron públicamente al abogado Jorge García Ramírez, vinculado a Covafam, a quien señalan por su presunta participación en un conflicto agrario que, aseguran, derivó en el despojo de propiedades y ganado en el municipio de Bacoachi.

Juan Manuel Gallego Ballesteros, de 92 años, afirmó que desde hace casi 11 años busca justicia luego de que su familia fuera desplazada de una propiedad de 235 hectáreas en la que, aseguró, han trabajado durante varias décadas y de la cual cuentan con documentación.

“Fuimos desplazados, nos robaron 148 cabezas de ganado. Tenemos 50 o 60 años en esa propiedad”, declaró Gallego Ballesteros, quien señaló que hasta la fecha desconocen el paradero de los animales.

El productor sostuvo que otros pequeños propietarios se encuentran en circunstancias similares y pidió la intervención de las autoridades para resolver un conflicto que se remonta al 11 de septiembre de 2015.

Por su parte, Mario Juventino Gallego Gudiño, hijo del denunciante, acusó directamente a García Ramírez de haber afectado el patrimonio de sus padres, actualmente de 92 y 89 años de edad.

Aseguró que el caso no se limita a las 148 cabezas de ganado de su familia, sino que existirían otros productores de Bacoachi que denuncian pérdidas de animales y conflictos por la posesión de tierras. Incluso afirmó que otro grupo habría perdido más de mil cabezas de ganado.

Gallego Gudiño señaló que el conflicto se encuentra judicializado y que existen procedimientos ante el Tribunal Agrario, así como amparos relacionados con el caso. Precisó que la demanda involucra a García Ramírez y a otros comuneros.

Asimismo, cuestionó la huelga de hambre y las manifestaciones realizadas por el abogado en defensa de Covafam y rechazó que su actuación responda a la defensa de la niñez.

“Si él es abogado, no tiene por qué estar en huelga de hambre; tiene que litigar con la ley en la mano”, expresó.

Los denunciantes también acusaron que durante el sexenio estatal anterior personas involucradas en el conflicto habrían recibido protección política, señalamiento que atribuyeron al entonces secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

La familia Gallego pidió a las autoridades revisar los antecedentes del conflicto y dar seguimiento a los procedimientos legales abiertos para determinar responsabilidades.

Las acusaciones corresponden a los testimonios de los denunciantes y deberán ser determinadas por las autoridades competentes. En los señalamientos proporcionados no se incluye la postura de Jorge García Ramírez respecto de estas imputaciones.