El riesgo de que la crítica al gobierno, la sátira y la parodia puedan ser objeto de investigaciones penales fue señalado por el diputado federal Agustín Rodríguez durante la discusión de la llamada Ley Antimemes en la Cámara de Diputados, donde presentó una moción suspensiva para frenar el dictamen y exigir garantías claras que protejan la libertad de expresión.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador sonorense señaló que la propuesta contiene ambigüedades que podrían permitir interpretaciones amplias de la autoridad investigadora y generar incertidumbre jurídica para ciudadanos, periodistas y personas que ejerzan legítimamente su derecho a cuestionar al poder.

“La ciudadanía debe poder criticar a su gobierno sin temor a que una ambigüedad legislativa se convierta en una amenaza”, expresó Agustín Rodríguez al advertir que una legislación penal insuficientemente delimitada podría utilizarse para intimidar a quienes expresen opiniones críticas mediante publicaciones, contenidos digitales, sátira o parodia.

El legislador federal explicó que el artículo 403 Bis, que se propone adicionar, contempla penas de uno a cinco años de prisión por determinadas conductas relacionadas con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales. Sin embargo, cuestionó la falta de precisión en conceptos fundamentales para determinar cuándo una conducta constituye un delito.

Agustín Rodríguez aclaró que está a favor de combatir el fraude y la suplantación de instituciones públicas, así como de sancionar a quienes se hagan pasar por autoridades para engañar a la ciudadanía. No obstante, sostuvo que ese objetivo no debe dar lugar a disposiciones penales que generen riesgos para el ejercicio de derechos constitucionales.

Uno de los principales señalamientos del diputado fue que el dictamen no contempla salvaguardas expresas para proteger los usos legítimos de carácter periodístico, informativo, académico, artístico, de crítica, sátira o parodia, una omisión que, desde su perspectiva, debe corregirse antes de avanzar en la aprobación de la reforma.

“No afirmamos que cualquier meme vaya a constituir un delito. Señalamos algo que debemos prevenir: que una redacción insuficientemente delimitada permita utilizar una investigación penal para intimidar a quien cuestione o critique al poder”, puntualizó.

Agustín Rodríguez solicitó devolver el dictamen a la comisión dictaminadora para precisar sus conceptos, revisar la proporcionalidad de las penas, aclarar el régimen de persecución e incorporar garantías expresas para la libertad de expresión, al sostener que combatir la suplantación de identidad institucional y proteger el derecho ciudadano a criticar al gobierno son responsabilidades que deben atenderse simultáneamente.