La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no representa un riesgo para la seguridad del estado, luego de que se difundiera una grabación en la que presuntamente conversa con un intermediario relacionado con el FBI.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el contenido del audio y respondió que se trata de una conversación cuya difusión ya es pública, al señalar que “todo el mundo lo escuchó”. Además, indicó que no está confirmada la identidad de la persona con la que dialoga la gobernadora, por lo que no existe certeza de que pertenezca a alguna autoridad de Estados Unidos.

Sheinbaum recordó que Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública sobre las grabaciones y sostuvo que, de acuerdo con lo expresado por la mandataria estatal, la conversación no pone en riesgo la seguridad de Baja California.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que un análisis preliminar del audio no permite concluir que se haya compartido información confidencial. Explicó que las mesas de seguridad reúnen a autoridades estatales y federales para dar seguimiento a la incidencia delictiva y que, hasta ahora, no se advierte información sensible comprometida.

La presidenta también señaló que el caso está siendo revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque precisó que ninguna de las dos instancias ha confirmado oficialmente la apertura de una investigación formal.

La controversia surgió tras la publicación de un segundo audio atribuido a Marina del Pilar, difundido el 13 de julio por el periodista Héctor de Mauleón. En la grabación, la gobernadora presuntamente expresa disposición para colaborar con un intermediario identificado como asesor externo del FBI y manifiesta preocupación por una posible orden de extradición.

Tras la difusión del material, el caso generó reacciones de la oposición, entre ellas la del PAN, que solicitó que la gobernadora pida licencia al cargo mientras se esclarecen los hechos. Sin embargo, el Gobierno federal sostuvo que, con la información disponible hasta el momento, no existen elementos para considerar que la conversación haya comprometido la seguridad de Baja California.