La mañana avanzaba con normalidad sobre la Carretera Internacional, hasta que el dolor se hizo visible. No eran solo personas detenidas en el asfalto: eran familiares, amigos y voces quebradas que cargaban una misma exigencia. Por algunos minutos, dos carriles quedaron bloqueados, no por accidente, sino por una ausencia que pesa desde hace más de un año: la de Alan Gerardo.

Alan no murió en casa ni en un lugar seguro. Murió trabajando, cumpliendo con una jornada como montacargista en un establecimiento de la central de abastos, en febrero de 2024. Desde entonces, su historia no ha encontrado cierre. Su nombre sigue siendo pronunciado entre reclamos y silencios oficiales.

María José Guerra, su viuda, se sostiene entre la memoria y la indignación. Cuenta que la empresa donde ocurrió la tragedia apenas respondió con los gastos funerarios, como si eso pudiera cubrir lo irreparable. Lo demás, la responsabilidad, las explicaciones y la justicia, brillan por su ausencia.

El tiempo ha pasado, pero la respuesta de las autoridades no llega; cada día sin avances es una herida que no cierra.

María José lo dice con firmeza: Alan no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo. Y en esa omisión, asegura, hay culpables que deben responder.

Por eso bloquearon la carretera: no fue solo una protesta; fue un grito detenido en el tráfico, una forma de obligar al mundo a mirar lo que, hasta ahora, parece haber sido ignorado. Porque para ellos, la historia de Alan no terminó aquel día: apenas comenzó una lucha que sigue esperando justicia.