El diputado David Figueroa Ortega presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Sonora con el objetivo de fortalecer a los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos constitucionalmente autónomos y garantizar que cuenten con mayor independencia funcional, capacidad operativa y recursos para ejercer sus nuevas responsabilidades.

La propuesta plantea modificar el artículo 67 Quáter de la Constitución estatal para reconocer expresamente que los OIC cuenten con autonomía técnica y de gestión e independencia funcional para adoptar sus determinaciones, además de una estructura especializada para ejercer las atribuciones que ahora les corresponden como autoridades garantes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Figueroa Ortega argumenta que el nuevo marco legal en materia de transparencia otorgó a estos órganos responsabilidades que anteriormente correspondían a organismos garantes, entre ellas resolver medios de impugnación, vigilar el cumplimiento de disposiciones y proteger los derechos de acceso a la información y de datos personales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el aspecto presupuestal. Los OIC podrían elaborar su propio anteproyecto de presupuesto de acuerdo con sus necesidades institucionales, mismo que tendría que incorporarse de manera diferenciada e identificable dentro del proyecto presupuestario del organismo autónomo correspondiente. Esto permitiría conocer cuánto solicita originalmente la contraloría y distinguir esa cantidad de la asignación que finalmente sea propuesta y aprobada.

La iniciativa aclara, sin embargo, que este mecanismo no significa que los OIC puedan fijar unilateralmente su presupuesto, ni establece porcentajes mínimos, incrementos automáticos o montos obligatorios. El Congreso del Estado conservaría sus facultades para examinar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos.

También se propone establecer constitucionalmente que estas contralorías puedan garantizar, dentro de su competencia, los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como conocer, sustanciar y resolver recursos y procedimientos relacionados con estas materias y vigilar el cumplimiento de sus determinaciones.

El legislador del Partido Verde sostiene que la reforma no busca crear nuevos organismos autónomos ni generar automáticamente nuevas plazas o estructuras burocráticas, sino adecuar la Constitución estatal a las responsabilidades que la legislación vigente ya confirió a los Órganos Internos de Control.

De aprobarse la reforma constitucional, los organismos autónomos y sus contralorías dispondrían de 90 días naturales para armonizar su normativa interna y tendrían que adoptar las medidas administrativas, orgánicas y presupuestarias necesarias para garantizar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos requeridos para ejercer sus atribuciones.