La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, y otras siete personas, quienes son investigados por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”.

Luego de una audiencia que se prolongó por más de un día, un juez de control determinó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal en su contra.

En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, el juzgador autorizó que enfrenten el procedimiento bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), está relacionada con presuntas irregularidades en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones por delincuencia organizada y contrabando.

No obstante, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

La FGR explicó que el denominado huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, como reportar menores volúmenes de carga o declarar mercancías distintas para evitar el pago de impuestos.

Según la dependencia, estas prácticas generan importantes pérdidas económicas para el Estado y pueden servir como fuente de financiamiento para grupos delictivos.

Ernesto “N” fue detenido el pasado 16 de julio y es investigado por su presunta relación, como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, con las operaciones que forman parte de la indagatoria por presunto huachicol fiscal.

La Fiscalía reiteró que todas las personas imputadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.