La rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Camarena Gómez, inició gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para obtener recursos adicionales que permitan atender compromisos laborales adquiridos con los sindicatos universitarios y avanzar en proyectos estratégicos durante el ejercicio fiscal 2027.

Durante una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior, la rectora informó que los procesos de revisión contractual con el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) y el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS) quedaron concluidos tras los acuerdos alcanzados este año, los cuales permitieron el levantamiento de las suspensiones de actividades y la normalización de las labores universitarias.

Sin embargo, explicó que en los convenios quedaron pendientes algunas demandas sindicales cuya atención requerirá recursos extraordinarios en 2027 debido a las limitaciones presupuestales actuales.

Entre las solicitudes destaca un programa gradual de recuperación salarial para el personal académico afiliado al STAUS, con el objetivo de compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada en los últimos años.

Para el STEUS, la Universidad planteó la necesidad de recursos que permitan iniciar una reestructuración del tabulador salarial y garantizar que ningún trabajador quede por debajo de los salarios mínimos que determine la autoridad federal.

Además de las demandas laborales, la rectora solicitó recursos extraordinarios por ocho millones de pesos para la construcción de una central fotovoltaica en el campus Navojoa y planteó la posibilidad de liberar recursos correspondientes al fideicomiso PRODEP.

Camarena Gómez destacó que la Universidad de Sonora mantiene una política de diálogo permanente y responsabilidad financiera para preservar la estabilidad institucional, garantizar sus funciones académicas y atender las necesidades de su comunidad universitaria.

Finalmente, reiteró la disposición de la máxima casa de estudios para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y los sindicatos universitarios en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la educación superior pública.