La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes la publicación de un reportaje que vincula a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, con presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses, al señalar que hasta ahora no existen pruebas públicas ni información oficial que respalde esos señalamientos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal expresó dudas sobre la intención detrás de la difusión de este tipo de versiones y sostuvo que cualquier acusación contra servidores públicos debe sustentarse en evidencias verificables y no únicamente en filtraciones o fuentes anónimas.

“¿Cuál es la intención de hacerlo público?”, cuestionó Sheinbaum al ser consultada sobre el tema, para posteriormente agregar: “¿Cuál es el interés, cuál? Tenemos todo el derecho, al menos, a la duda”.

La polémica surgió tras la publicación de un reportaje elaborado por Los Angeles Times y Puente News Collaborative, en el que se menciona que diversos actores políticos mexicanos estarían bajo observación de agencias estadounidenses. Entre los nombres citados aparecen Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad del gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer documentos, acusaciones formales o comunicados oficiales que confirmen públicamente la existencia de investigaciones judiciales contra ambos mandatarios.

En el caso de Sonora, el Gobierno del Estado rechazó de manera categórica la información difundida y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo cuenta con visa estadounidense vigente y que no ha recibido ninguna notificación relacionada con investigaciones por parte de autoridades de ese país.

La secretaria de Comunicación Social, Paloma Terán, calificó como falsa la información publicada y sostuvo que no existe procedimiento alguno del que haya sido informado oficialmente el mandatario sonorense.

Las declaraciones de Sheinbaum se suman así a las posturas expresadas por los gobiernos de Sonora y Tamaulipas, que han rechazado las versiones difundidas y han insistido en que no existen pruebas públicas que sustenten los señalamientos.

El caso ha abierto un debate sobre el impacto de reportajes basados en fuentes no identificadas y la necesidad de distinguir entre investigaciones periodísticas, procesos oficiales y acusaciones formalmente acreditadas por las autoridades competentes.