Una iniciativa promovida desde el ámbito municipal tiene como objetivo reforzar la protección del patrimonio de los ayuntamientos, ante la falta de claridad en la legislación y la ausencia de sanciones contundentes contra quienes cometen delitos en su contra. La propuesta es impulsada en el Congreso Local por el legislador Héctor Raúl Castelo Montaño.

El diputado explicó que esta medida surge por la preocupación de alcaldes y alcaldesas, quienes operan con recursos limitados provenientes de participaciones federales y, al mismo tiempo, enfrentan de manera constante robos y daños a bienes municipales.

El legislador de extracción morenista señaló que tanto la Ley de Gobierno y Administración Municipal como el Código Penal del Estado de Sonora presentaban ambigüedades en la definición del patrimonio municipal, así como en la aplicación de sanciones, lo que en diversos casos terminaba favoreciendo a los responsables de estos delitos.

Castelo Montaño detalló que la iniciativa contempla una reforma al artículo 258 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objetivo de precisar los conceptos de bienes y patrimonio municipal. Además, se plantea modificar el artículo 308 del Código Penal del Estado de Sonora, para establecer sanciones más claras y contundentes contra quienes incurran en estas conductas.

El legislador agregó que las modificaciones contemplan penas de 6 a 12 años de prisión, además de un incremento de hasta un tercio adicional cuando los responsables sean funcionarios o trabajadores municipales que participen en robo o daño al patrimonio público.

Finalmente, indicó que entre las conductas que se buscan sancionar con mayor severidad se encuentran el robo de infraestructura municipal como bombas de agua, transformadores o luminarias, así como el hurto de brocales. Señaló que este problema no solo representa pérdidas económicas —con piezas valuadas en hasta 15 mil pesos—, sino que también ha provocado accidentes graves e incluso la pérdida de vidas humanas.