Un total de 26 servidores públicos fueron inhabilitados por un periodo de 10 años debido a diversas irregularidades administrativas cometidas en instituciones federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Banco del Bienestar.
Las sanciones forman parte de un balance presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que informó sobre medidas administrativas contra 82 servidores públicos, un particular y una empresa. En conjunto, las multas y sanciones económicas ascienden a 175 millones de pesos.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de un funcionario de la CFE en Morelos, identificado como Caleb B., quien recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 119 millones de pesos por omitir la contestación de cuatro demandas laborales entre 2019 y 2020, situación que derivó en condenas económicas contra la empresa eléctrica.
En Pemex, tres trabajadores fueron sancionados por cobrar prestaciones de gasolina después de vender los vehículos registrados para recibir ese beneficio, así como por percibir salarios y prestaciones sin presentarse a laborar. Las multas individuales alcanzaron los 854 mil, 362 mil y 286 mil pesos.
En el IMSS, una funcionaria fue inhabilitada durante una década y sancionada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes en los sistemas institucionales durante 2018 y 2019, con el propósito de incrementar indebidamente sus periodos de cotización.
Por otra parte, seis trabajadores del Banco del Bienestar recibieron inhabilitaciones de 10 años por alterar intencionalmente los saldos de caja en sucursales de Ciudad de México, Nuevo León y Oaxaca. Las sanciones económicas relacionadas con estos casos oscilaron entre 23 mil y 209 mil pesos.
También fueron sancionados nueve exfuncionarios del SuperISSSTE con inhabilitaciones por una década y una multa conjunta de 18 millones de pesos, luego de tramitar y autorizar pagos de facturas a dos empresas sin contar con la aprobación correspondiente.
La Secretaría Anticorrupción explicó que las resoluciones fueron emitidas por distintas instancias, entre ellas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control. Además de las inhabilitaciones, se aplicaron destituciones, suspensiones y amonestaciones por otras conductas irregulares.
La dependencia precisó que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones y llamó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción mediante la plataforma oficial denuncias.gob.mx.

















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