Familiares de personas mexicanas que murieron bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentaron tres demandas civiles en Estados Unidos para buscar justicia y responsabilidades por los fallecimientos. Las acciones forman parte de la estrategia jurídica impulsada por el Gobierno de México para atender estos casos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha brindado acompañamiento consular y asesoría a las familias, además de realizar gestiones ante autoridades estadounidenses para que se investiguen las circunstancias de las muertes. En julio de 2026, la dependencia informó que tenía registro de 17 connacionales fallecidos en hechos relacionados con ICE: 14 bajo custodia migratoria y tres durante operativos.

Como parte de estas acciones, la Cancillería informó que presentó denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de solicitar que se revisaran las condiciones de los centros de detención migratoria. También pidió la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En otro caso ocurrido en Houston, Texas, un gran jurado del condado de Harris acusó formalmente al agente de ICE Mario Alberto Morales por el delito de agresión agravada con un arma mortal, luego de atropellar al mexicano Miguel Parra Hernández, de 48 años, durante un operativo el pasado 10 de octubre.

Parra Hernández sufrió fracturas en la cadera y las piernas que requirieron atención quirúrgica. El trabajador mexicano permaneció bajo custodia migratoria mientras se recuperaba de las lesiones, situación que también generó preocupación entre familiares y representantes públicos por las condiciones de su atención médica y comunicación con sus abogados.

El agente Morales compareció ante un tribunal el 2 de noviembre, donde se le fijó una fianza de 30 mil dólares. La acusación presentada por el gran jurado no representa una declaración de culpabilidad, por lo que el caso continuará su proceso judicial.

La SRE mantiene el acompañamiento consular a las familias de los mexicanos afectados y da seguimiento a las acciones legales emprendidas en Estados Unidos. Los procedimientos buscan esclarecer las circunstancias de cada caso y determinar posibles responsabilidades de agentes o empresas encargadas de operar centros de detención.