La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe convertirse en un proceso abierto a la sociedad civil y no limitarse a una decisión entre actores políticos, consideró Omar Alberto Guillén Partida, coordinador de la Comisión de Derecho Empresarial de la Barra Mexicana de Abogados.

El representante de la comunidad jurídica planteó que, ante la próxima designación de quien encabezará el organismo, se convoque a colegios de abogados, asociaciones civiles y organizaciones defensoras del voto para que puedan participar y aportar elementos en la evaluación de los perfiles.

Señaló que uno de los principales objetivos debe ser garantizar que la persona seleccionada cuente con independencia partidista, una trayectoria profesional transparente y un historial libre de señalamientos relacionados con actos de corrupción.

Explicó que el procedimiento contempla la participación de los consejeros electorales, así como de la Cámara de Diputados, instancia que deberá conducir el proceso de selección mediante una convocatoria, la integración de un comité técnico y la evaluación de los aspirantes.

Guillén Partida consideró que la participación ciudadana ayudaría a dar mayor legitimidad al nombramiento y evitaría que la renovación del instituto se perciba como un acuerdo político.