La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantendrá los apoyos fiscales al sector del autotransporte y aclaró que los ajustes previstos para 2027 en el estímulo por pago de peajes no afectarán al 94% de los contribuyentes que actualmente reciben este beneficio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida busca concentrar los incentivos fiscales en pequeños y medianos transportistas, mientras que las empresas con mayores ingresos tendrán un tratamiento diferente.

“No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones. Y, además, hay muchos otros apoyos que se les dan”, afirmó Sheinbaum, al recordar que el sector también cuenta con beneficios relacionados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que la propuesta para 2027 contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo que permite acreditar hasta el 50% del gasto en peajes contra el ISR.

De las 2 mil 580 empresas que actualmente reciben este incentivo, solamente 170 dejarían de acceder al beneficio, mientras que aproximadamente 2 mil 410 continuarían aprovechándolo, incluidos los transportistas que operan bajo el esquema conocido como hombre-camión.

Hacienda precisó que las empresas que quedarían fuera del estímulo recibían, en promedio, beneficios fiscales por 26 millones de pesos, frente a los 4 millones de pesos promedio de los contribuyentes que conservarán el apoyo.

La dependencia explicó que el incentivo ha registrado un crecimiento superior a cinco veces durante los últimos seis años, por lo que resulta necesario ajustar su alcance para mantener un equilibrio en las finanzas públicas.

Sheinbaum reiteró que su administración mantiene abiertas las puertas al diálogo con las organizaciones de transportistas y confirmó que continuarán las reuniones para atender sus inquietudes.

El Gobierno federal sostuvo que el objetivo es preservar los beneficios para la gran mayoría del sector, particularmente los pequeños y medianos transportistas, sin comprometer la sostenibilidad de los recursos públicos.