El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a cuatro funcionarios del Banco del Bienestar por irregularidades en un contrato relacionado con la supervisión de inmuebles destinados a 2 mil 750 sucursales en México, en un caso que derivó en un daño patrimonial estimado en 380 millones de pesos. Las resoluciones incluyen inhabilitaciones de hasta 15 años, destitución y órdenes de resarcimiento de recursos.

Las sanciones están relacionadas con un contrato adjudicado en mayo de 2021, por un monto de hasta 496 millones de pesos, a un consorcio integrado por Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería. El acuerdo contemplaba la verificación de las condiciones físicas de los terrenos e inmuebles donde se construirían las sucursales del banco.

Una auditoría del Órgano Interno de Control, iniciada en abril de 2024, detectó que las empresas contratadas no entregaron toda la información requerida sobre los inmuebles o presentaron documentación incompleta e incorrecta. Pese a estas deficiencias, se autorizaron pagos por servicios cuya realización no quedó debidamente acreditada y no se aplicaron las penalizaciones correspondientes.

Entre los sancionados se encuentra Yuliet Luis Reyes, exgerente de Administración Inmobiliaria, quien recibió una inhabilitación de 15 años y una orden de resarcimiento relacionada con el daño patrimonial. De acuerdo con la resolución, participó en pagos cuestionados y modificó condiciones de los entregables sin contar con facultades para cambiar los términos originales del contrato.

Alberto Medina Zamudio, exdirector de Recursos Materiales, fue inhabilitado por 10 años y recibió una orden para resarcir 347 millones de pesos. Por su parte, Faustino Ramírez Zenteno, exsubdirector de Adquisiciones, también fue inhabilitado por 10 años y deberá resarcir 32.9 millones de pesos.

La cuarta sancionada es Nayeli Aguilar Pineda, gerente de Pagos y Conciliaciones del banco, para quien se determinó la destitución del cargo y una inhabilitación de tres meses. Las medidas fueron diferenciadas de acuerdo con las responsabilidades atribuidas a cada persona en las operaciones revisadas.

Además de los pagos irregulares, el caso evidenció problemas en la documentación de los terrenos utilizados por el Banco del Bienestar. Según información del auditor externo de la institución, al cierre de 2025 únicamente existían documentos para acreditar la propiedad de 580 de los 2 mil 750 predios ocupados por las sucursales. Esta situación documental constituye un asunto relacionado, pero distinto del daño patrimonial detectado en el contrato.

Las sanciones fueron determinadas por la Primera Sala en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA. Sin embargo, la resolución no se considera definitiva, por lo que los funcionarios sancionados pueden impugnarla ante la Sala Superior del tribunal.

Las órdenes de resarcimiento tampoco significan que los recursos ya hayan sido recuperados. El cumplimiento de las sanciones y la eventual devolución del dinero dependerán de los procedimientos legales correspondientes.