El Gobierno de México reconoció que existen casos documentados de robo y desvío de medicamentos gratuitos de hospitales y centros de salud públicos para su venta ilegal, incluso en las inmediaciones de las propias unidades médicas. Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud, informó que algunas situaciones ya están identificadas, mientras que otras continúan bajo investigación.

Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre, el funcionario aclaró que estas irregularidades no significan que médicos, enfermeras o el personal sanitario en general sean responsables del desabasto de medicamentos. Sin embargo, reconoció que existen personas que sustraen fármacos destinados a la atención pública para comercializarlos por fuera.

Clark explicó que resulta especialmente preocupante que algunos medicamentos que no están disponibles para los pacientes dentro de los hospitales puedan encontrarse a la venta en establecimientos cercanos, pese a que sus empaques indican que son propiedad exclusiva del sector salud.

Como parte de las medidas para combatir esta práctica, el Gobierno federal busca hacer más visible la identificación de los medicamentos distribuidos gratuitamente. Los empaques incluirán la leyenda “La salud es un derecho, medicamento gratuito”, con el objetivo de facilitar que la población reconozca los productos destinados al sistema público.

El subsecretario pidió a la ciudadanía denunciar cuando encuentre estos medicamentos a la venta en tianguis, farmacias privadas u otros establecimientos. La intención es que los reportes permitan a las autoridades investigar el origen de los productos y determinar cómo salieron de las instituciones de salud.

Otra de las acciones anunciadas consiste en fortalecer la digitalización del sistema sanitario para mejorar la trazabilidad de los fármacos, es decir, dar seguimiento a su recorrido desde la adquisición hasta la entrega al paciente. El mecanismo permitirá identificar lotes, conocer su procedencia y detectar posibles irregularidades en la distribución.

Clark señaló que esta herramienta será especialmente relevante para los medicamentos de alto costo, algunas cajas de los cuales superan los 200 mil pesos. En esos casos, las autoridades buscan contar con información suficiente para identificar a qué unidad médica se envió cada producto y, cuando corresponda, a quién fue entregado.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha detallado cuántos casos de desvío se han documentado, qué cantidades de medicamentos estarían involucradas ni cuántas personas han sido identificadas como responsables. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de cada caso y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Las medidas buscan reforzar la vigilancia sobre los medicamentos adquiridos con recursos públicos y reducir su comercialización irregular, para que los tratamientos lleguen a los pacientes que los necesitan y se entreguen de manera gratuita conforme a su destino.