Con el objetivo de proteger la dignidad, la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la iniciativa presentada por la diputada Alejandra López Noriega para adicionar el artículo 303 Bis al Código Penal y sancionar el uso indebido de los recursos que reciben a través de programas sociales.

Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, se amplió el alcance de la propuesta para incorporar también a las personas con discapacidad, fortaleciendo así la protección de quienes pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al abuso económico.

Alejandra López Noriega señalo que la reforma establece penas de tres a ocho años de prisión, multas económicas y reparación del daño para quien, mediante engaños, presión o manipulación, retenga, utilice, cobre, disponga o administre sin consentimiento los recursos de estos apoyos sociales.

Además, la pena se incrementará cuando estas conductas sean cometidas por un familiar directo, cuidador o tutor, así como en los demás supuestos establecidos en la reforma.

“La pensión o el apoyo no es dinero de la familia, ni es un ingreso familiar. Es de quien lo recibe. Es su derecho, su tranquilidad y también su dignidad. Nadie tiene derecho a apropiarse de ese recurso”, afirmó López Noriega.

La legisladora destacó que con esta reforma Sonora da un paso importante para proteger el patrimonio y la autonomía económica de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, sancionando a quienes se aprovechen de su confianza o vulnerabilidad.

“Proteger sus recursos también es proteger su dignidad y su derecho a decidir sobre lo que les pertenece. Eso es lo que importa de verdad”, concluyó Alejandra López Noriega.