La denuncia penal que dio origen a la investigación por el bloqueo de vialidades realizado por integrantes de COVAFAM fue presentada por el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Sindicatura Municipal, según consta en un documento oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado obtenido por InfoSon.

El escrito fue recibido por la Fiscalía el 28 de julio de 2026 a las 16:50 horas, de acuerdo con el sello de recepción del Centro de Atención Temprana Hermosillo Uno. En la denuncia aparece como ofendido el Municipio de Hermosillo y como imputado “quien resulte responsable” por el delito contra el normal funcionamiento de las vías de comunicación.

La querella fue promovida por Luis Esteban Terán Muñoz, servidor público municipal facultado para representar legalmente al Ayuntamiento, con poder otorgado por la síndica municipal Blanca Lorena Colosio Altamirano.

En el apartado de hechos se establece que el 29 de julio, alrededor de las 13:00 horas, unas 30 personas bloquearon el crucero de los bulevares Rosales y Luis Encinas, impidiendo el tránsito vehicular en todos los sentidos mediante el uso de cinta plástica amarilla y afectando la circulación de terceros.

El documento resulta relevante tras la detención de Guadalupe Lizeth Villalobos López, dirigente de COVAFAM, realizada por elementos de la Policía Estatal durante una manifestación. Si bien la detención fue ejecutada por autoridades estatales, la carpeta de investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la propia autoridad municipal.

Además, el contenido de la querella evidencia que el Ayuntamiento de Hermosillo consideró que el bloqueo de vialidades constituía un probable delito, al promover formalmente una denuncia penal por ese motivo. Esto ocurre pese a que, durante la manifestación en la que se bloquearon las calles, la Policía Municipal no realizó detenciones en el lugar.

La existencia de esta denuncia fortalece jurídicamente la actuación posterior de las autoridades estatales, al demostrar que la presunta comisión del delito ya había sido puesta en conocimiento del Ministerio Público por el propio Ayuntamiento de Hermosillo, que solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar a los responsables.