El gobernador Alfonso Durazo Montaño enviará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para transformar el sistema de Protección Civil en Sonora, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y construir comunidades más seguras, resilientes y preparadas ante emergencias y desastres.

La propuesta forma parte del Nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una estrategia que busca cambiar el enfoque tradicional de reacción ante contingencias por uno centrado en la prevención, la participación ciudadana y la planeación de largo plazo.

Durazo destacó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es otorgar autonomía al organismo encargado de la protección civil en la entidad, para que su funcionamiento no dependa directamente del Gobierno del Estado y exista mayor transparencia en la designación de sus responsables.

“El objetivo es transparentar, primero otorgarle autonomía al órgano responsable del manejo de riesgos y protección civil en el estado de Sonora, es decir, que dependa de las y los ciudadanos, no del gobierno del estado; transparentar la decisión del titular de ese organismo”, señaló.

La iniciativa fue construida a partir de una consulta pública realizada mediante foros regionales en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, además de un foro estatal de conclusiones. En total participaron 656 personas, 33 ponentes y representantes de 41 organizaciones de los sectores público, privado y social.

Como resultado de este ejercicio se recopilaron 140 propuestas ciudadanas, mismas que fueron integradas en un informe público que servirá como base para la reforma.

El proceso contó con la colaboración de instituciones académicas como la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y el Instituto Tecnológico de Nogales, que facilitaron los espacios para el diálogo entre especialistas, autoridades y sociedad civil.

Entre los principales objetivos de la propuesta destacan el reconocimiento de la protección civil como un derecho humano, el fortalecimiento institucional para la prevención y atención de riesgos, así como una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y la gestión de emergencias.