Ciudad de México, 30 de abril de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura firme ante las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios en activo de Sinaloa, al subrayar que su gobierno actuará con base en la ley, pero sin permitir injerencias extranjeras.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal mexicano.

Sheinbaum cuestionó que las autoridades estadounidenses hicieran públicos los cargos, señalando que este tipo de procesos deben manejarse con confidencialidad de acuerdo con los tratados internacionales, lo que generó un “extrañamiento” por parte del área jurídica de la cancillería.

La Fiscalía, explicó, ya inició la revisión de la documentación y abrirá una investigación paralela para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen acciones legales en México. Recalcó que, conforme a la legislación nacional, cualquier orden de aprehensión debe sustentarse en datos de prueba sólidos.

“Si hay pruebas contundentes, se actuará conforme a derecho; no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.

No obstante, la presidenta advirtió que, en ausencia de evidencia clara, las acusaciones podrían responder a motivaciones políticas por parte de las autoridades estadounidenses.

“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, sostuvo, al enfatizar que su gobierno no permitirá “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que corresponden exclusivamente al país”.

La postura oficial, resumió, se basa en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.