Ciudad de México.– El Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que eleva la tensión en la relación bilateral.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los implicados figuran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y mandos de seguridad estatales y municipales.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento, delitos que contemplan penas mínimas de 40 años de prisión y podrían derivar en cadena perpetua.

Tras la acusación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación mexicana.

Sin embargo, la Cancillería precisó que los documentos enviados por autoridades estadounidenses “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de las personas señaladas.

El gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque político, mientras que el Gobierno de México sostuvo que será la FGR la instancia encargada de evaluar si existen elementos probatorios suficientes para proceder.

El caso abre un nuevo frente en la relación entre México y Estados Unidos, en un contexto marcado por la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.