La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el reglamento municipal que permitía al Ayuntamiento de Hermosillo asumir la posesión de viviendas abandonadas, frenando así una estrategia impulsada desde 2024 para recuperar hasta 500 inmuebles en desuso.

El programa, promovido por el alcalde Antonio Astiazarán, incluía iniciativas como “Aliados por la Vivienda” y “Con Hogar CRECES”, con el objetivo de rehabilitar casas vandalizadas o en abandono, muchas de las cuales habían sido señaladas por vecinos como focos de inseguridad y basureros clandestinos.

Como parte del esquema, el Municipio planteaba que las viviendas cuyos propietarios no fueran localizados tras la publicación de edictos pudieran ser declaradas en abandono, para posteriormente tomar posesión de ellas, rehabilitarlas y destinarlas a nuevos habitantes.

No obstante, la Suprema Corte determinó que este mecanismo excedía las facultades del Ayuntamiento, al considerar que invadía atribuciones del Congreso local y vulneraba el derecho a la propiedad privada, por lo que dejó sin efecto el reglamento que sustentaba estas acciones.

Aunque el programa contemplaba también la compra de viviendas recuperadas por Infonavit, las cuales sí pueden ser legalmente reacondicionadas y comercializadas, la intervención directa sobre casas abandonadas queda ahora sin sustento jurídico.

El fallo establece un precedente al delimitar la actuación de los gobiernos municipales en materia de propiedad privada, lo que obligará a replantear la estrategia bajo un marco legal que garantice certeza jurídica tanto para los propietarios como para los posibles beneficiarios de vivienda.