La violencia volvió a golpear a Morelos con el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, reconocida activista y líder comunitaria, en el municipio de Temoac.

De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue víctima de una agresión armada directa, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

Ataque directo en su comunidad

El crimen ocurrió el 26 de marzo, cuando la activista fue atacada en su propio domicilio alrededor de las 14:30 horas, según información difundida por autoridades y medios locales.

Sandra Rosa Camacho era una figura conocida en su comunidad, donde participaba activamente en temas sociales y mantenía cercanía con habitantes y comerciantes de la zona.

Trayectoria como líder social

Además de su labor comunitaria, Camacho Flores también incursionó en la política, al haber sido candidata a la presidencia municipal de Temoac en el proceso electoral de 2024.

En los últimos años, había hecho señalamientos públicos sobre problemáticas de seguridad en la región, lo que ha generado inquietud sobre el contexto en el que ocurrió el ataque.

Autoridades condenan el crimen

Tras confirmarse el asesinato, el gobierno de Morelos emitió un posicionamiento en el que condenó los hechos y aseguró que se trabajará para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Asimismo, se informó que existe coordinación entre autoridades de distintos niveles para avanzar en las investigaciones y evitar que el caso quede impune.

Polémica tras el levantamiento del cuerpo

Luego del crimen, surgió controversia en la comunidad luego de que autoridades locales señalaran que personal de la fiscalía intentó retirar el cuerpo, lo que generó inconformidad entre habitantes.

Este hecho provocó llamados de apoyo y atención inmediata, mientras se exigía transparencia en el manejo del caso.

Contexto de violencia contra activistas

El asesinato de Sandra Rosa Camacho se suma a una serie de hechos violentos registrados en Morelos, una entidad que en los últimos años ha sido escenario de ataques contra líderes sociales y actores políticos.

El caso ha generado indignación entre la población y reaviva la exigencia de mayor protección para quienes participan en actividades comunitarias y de denuncia social.