Autoridades del Gobierno de México y del estado de Sonora dieron a conocer un proyecto integral para atender las afectaciones ambientales y de salud ocasionadas por el derrame de sustancias tóxicas registrado en agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, el cual contaminó el río Sonora y sus afluentes.
A través de un comunicado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que el plan busca garantizar justicia social, acceso a servicios médicos especializados y condiciones ambientales seguras para las comunidades perjudicadas tras uno de los mayores desastres mineros en la historia del país.
Durante el anuncio realizado en el Palacio de Gobierno en Sonora, Bárcena señaló que desde 2024 se realizaron encuentros con habitantes de las zonas afectadas para escuchar sus necesidades, lo que permitió estructurar una estrategia con tres ejes principales: salud, acceso al agua y remediación ambiental.
En materia de salud, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se construirá el nuevo Hospital Regional de Ures, un centro que contará con atención toxicológica, área de vigilancia epidemiológica, residencia médica, 21 consultorios de especialidad, 60 camas de hospitalización, terapia intensiva y un laboratorio para análisis de metales pesados.
En torno al acceso al agua potable, el director general de Conagua, Efraín Morales López, anunció la edificación de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, así como la modernización de cuatro de las seis plantas existentes. Además, se implementará un monitoreo permanente de la calidad del agua destinada al consumo humano.
Respecto a la reparación del entorno natural, Semarnat detalló que se aplicarán medidas técnicas para reducir la presencia de contaminantes en niveles seguros, incluyendo la caracterización y estudio de suelos y sedimentos a lo largo de la cuenca del río Sonora.
“La justicia social no puede existir sin justicia ambiental”, expresó Bárcena, al subrayar que el programa se diseñó con base en evidencia técnica y participación comunitaria.
En el mismo evento, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México será responsable de administrar un fondo de mil 500 millones de pesos para financiar la construcción del hospital, obras de acceso al agua y acciones de reparación ambiental. El fondo deriva de un acuerdo alcanzado con Grupo México.
De acuerdo con información de Semarnat, el derrame del 6 de agosto de 2014 liberó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, debido a una falla en el diseño hidrológico del sistema de presas, lo que impactó directamente a alrededor de 22 mil habitantes de ocho municipios en Sonora. La contaminación afectó los ríos Sonora y Bacanuchi, recorriendo localidades como Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Arizpe.



















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