Hermosillo, Sonora; 18 de noviembre de 2025.- En un paso relevante para fortalecer la protección de grupos vulnerables, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el artículo 234-A del Código Penal, con el fin de incrementar las sanciones para quienes ejerzan violencia familiar contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

La propuesta, impulsada por la diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) y sometida a votación por el presidente de la Comisión, René Edmundo García Rojo (PT), establece la necesidad de cerrar vacíos legales que hoy dejan fuera de agravantes penales a sectores con mayor riesgo de agresión.

García Rojo destacó que la iniciativa fue fortalecida mediante ejercicios de parlamento abierto y foros especializados, donde participaron abogados, académicos, estudiantes y organizaciones civiles, quienes coincidieron en que las penas actuales no reflejan la gravedad de la violencia ejercida contra estas personas.

La reforma se enmarca en los principios de la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo 16, orientado a garantizar sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, y a reducir todas las formas de violencia.

En la sesión también estuvieron presentes las diputadas Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) y Rosángela Amairany Peña Escalante (PES), así como el diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI), quienes respaldaron el avance de esta medida que ahora deberá continuar su proceso legislativo ante el Pleno.