Ciudad de México, 4 de Nociembre.- Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en conferencia de prensa en Palacio Nacional que hasta el momento se ha detenido a 36 personas presuntamente vinculadas a la masacre de Bavispe, Sonora, en 2019, que cobró la vida de nueve miembros de la familia LeBarón, incluyendo a seis menores. Este ataque estremeció a México y atrajo la atención internacional, tanto por la brutalidad de los hechos como por el debate sobre la seguridad en las zonas fronterizas.

En el atentado ocurrido el 4 de noviembre de 2019, las víctimas viajaban en tres vehículos cuando fueron emboscadas por un grupo armado en la comunidad de La Mora, Bavispe, entre los límites de Sonora y Chihuahua. Durante el ataque, los agresores abrieron fuego contra las camionetas e incendiaron algunos de los vehículos, lo que resultó en la muerte de varias personas, incluyendo a mujeres y niños. Las víctimas incluían a Rhonita Maria Miller, de 30 años, y cuatro de sus hijos; Dawna Ray Langford, de 43 años, y dos de sus hijos; y Christina Marie Langford Johnson, de 31 años.

Sheinbaum señaló que el seguimiento de este caso sigue siendo prioritario para el gobierno, y que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) está en constante comunicación con la familia LeBarón para asegurar que se haga justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) también está involucrada activamente en el proceso y, de hecho, sostendrá mañana una reunión con familiares de las víctimas para discutir el avance de las investigaciones y escuchar sus demandas.

Este caso ha generado diversas reacciones entre los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. La familia LeBarón ha reiterado su demanda de que el crimen sea considerado un acto de terrorismo debido a la magnitud y violencia de los hechos. Julián LeBarón, activista y miembro de la familia, ha insistido en que los acusados deben enfrentar cargos severos que aseguren que “no vuelvan a ver jamás la luz del día”.

Pese a los avances en las investigaciones, familiares de las víctimas han expresado su frustración por la lentitud del proceso judicial. A cuatro años del ataque, el caso sigue sin resolverse completamente, y los detenidos aún no han recibido sentencias definitivas, lo que ha sido calificado por los familiares como un ejemplo de la impunidad en el país.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno está comprometido con la justicia en este caso emblemático y que continuarán las acciones para asegurar que los responsables enfrenten el peso de la ley.