Hermosillo, Sonora.– En medio de las críticas y movilizaciones de los sindicatos universitarios, la Universidad de Sonora respondió a los señalamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) y el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), al asegurar que el ajuste al Apartado Único del Anexo de Ejecución 2026 del convenio financiero tripartita con la federación y el estado tiene únicamente un carácter técnico y administrativo.

La institución explicó que cada año se firma este convenio con el Gobierno Federal y el Gobierno de Sonora, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se asignan los subsidios ordinarios que permiten el funcionamiento de la universidad.

De acuerdo con la Universidad de Sonora, la actualización del anexo —un mecanismo que asegura se utiliza desde 2020— tiene como objetivo ajustar la información para que refleje la operación real de la institución conforme a los tabuladores vigentes, los contratos colectivos de trabajo y el presupuesto aprobado por el Colegio Universitario.

La administración universitaria también aclaró que este ajuste no implica aumentos salariales, creación de nuevas plazas ni incremento de recursos, puntos que han sido señalados por las dirigencias sindicales en el contexto de las revisiones contractuales y salariales en curso.

Además, sostuvo que los salarios reales del personal académico, administrativo y de confianza ya se encuentran por encima de los montos establecidos en el documento federal, el cual —según la institución— arrastra rezagos acumulados de varios años.

En cuanto al número de puestos dentro de la estructura universitaria, la Unison afirmó que no existe un incremento de plazas y que, por el contrario, se ha aplicado una política de contención en cargos de confianza, con una reducción aproximada de 80 posiciones desde 2021.

La universidad señaló que la actualización periódica del anexo también tiene como propósito evitar observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras, ya que inconsistencias en ese documento podrían derivar en la obligación de devolver recursos federales, lo que impactaría la estabilidad financiera de la institución.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensión con los sindicatos STAUS y STEUS, que en días recientes han realizado manifestaciones y han denunciado presuntas afectaciones a las condiciones laborales del personal universitario, además de exigir mayor transparencia en el manejo de recursos y en los procesos administrativos de la institución.