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Sector minero condena la muerte de tres trabajadores secuestrados en Sinaloa y exige justicia

Sector minero condena la muerte de tres trabajadores secuestrados en Sinaloa y exige justicia

Ciudad de México. Organizaciones que representan a la industria minera en México rechazaron enérgicamente la violencia que ha cobrado la vida de tres trabajadores que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, y demandaron una respuesta eficaz de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de quienes laboran en zonas mineras.

En un comunicado conjunto, la Cámara Minera de México (CAMIMEX), cámaras regionales, asociaciones y clústeres del sector lamentaron el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, tres de los 10 trabajadores privados de la libertad mientras se encontraban en labores para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. en el sur de Sinaloa.

“El sector minero unido reafirma que resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país sea vulnerada de esta manera”, se lee en el posicionamiento de los gremios, que además expresaron su “más profundo pésame” a las familias de las víctimas y su solidaridad con los trabajadores que aún permanecen desaparecidos.

Las organizaciones subrayaron que la agresión contra los trabajadores representa un ataque no sólo a sus familias, sino también al sector productivo, que emplea directamente a miles de personas y dinamiza economías locales alrededor de la explotación de minerales en diversas entidades.

En su pronunciamiento, las agrupaciones insistieron en que las investigaciones deben elevarse más allá de estadísticas: piden justicia efectiva y castigo para los responsables, así como la localización con vida de los siete trabajadores que siguen desaparecidos. También manifestaron que continuarán colaborando con las autoridades federales y estatales para esclarecer el caso.

El caso ocurre en un contexto de inseguridad generalizada en la región serrana de Concordia, donde grupos del crimen organizado han sido señalados como responsables del secuestro de los mineros, lo que ha llevado al despliegue de operativos de búsqueda por parte del gobierno mexicano

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