Las autoridades federales arrestaron este jueves 5 de febrero a Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, tras acusaciones de dirigir una red de extorsión y corrupción ligada al crimen organizado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según los datos oficiales, la detención se realizó como parte de la “Operación Enjambre”, una estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR, que busca desarticular esquemas de extorsión y colusión entre autoridades municipales y grupos criminales.

Las autoridades acusan a Rivera Navarro de encabezar desde la presidencia municipal una estructura que exigía pagos a empresarios y comerciantes locales, incluyendo a productores de tequila y cerveza, mediante amenazas y presión administrativa, a cambio de supuestos beneficios o para evitar sanciones.

En el mismo operativo también fueron detenidos tres funcionarios del ayuntamiento tequilense: el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas, quienes están bajo investigación por su participación en el presunto esquema delictivo.

La FGR calificó la actuación del alcalde como una fusión de poder político con actividades criminales, al señalar que Rivera Navarro habría utilizado los cargos públicos para fortalecer su red de extorsión y amenazas contra particulares. Testimonios recopilados en la investigación incluso describen cómo funcionarios y policías habrían participado en visitas a negocios para exigir pagos bajo coacción.

Tras la operación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ordenó el envío de policías estatales a Tequila para mantener el orden y “garantizar la seguridad de los habitantes” mientras continúan las diligencias, indicó el mandatario en sus redes sociales.

Este caso ha generado reacciones políticas y públicas. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que en su partido “no hay intocables ni pactos de impunidad” y aseguró que cualquier funcionario señalado por delitos debe ser investigado y, de comprobarse su responsabilidad, enfrentar la justicia sin privilegios partidistas.

La detención de Rivera Navarro se suma a una serie de operativos federales contra autoridades municipales vinculadas con redes de corrupción y crimen organizado en distintas regiones del país, lo que refleja el énfasis de las instituciones en combatir estas prácticas desde los gobiernos locales y con apoyo federal.