Ciudad de México; 29 de diciembre de 2025.– Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora lograron resolver de manera definitiva dos de los conflictos sociales más prolongados y complejos en la historia reciente del estado: la huelga minera de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora.
El mandatario estatal explicó que ambos conflictos permanecieron abiertos durante años sin una solución efectiva por parte de administraciones anteriores: 18 años en el caso de la huelga minera y 11 años en el del Río Sonora. Subrayó que el acuerdo alcanzado representa un cierre definitivo mediante la vía legal, social e institucional.
Durazo Montaño detalló que el acuerdo pone fin a la huelga de la Sección 65 mediante la liquidación correspondiente a más de 651 mineros, dando certeza jurídica y justicia laboral a las familias afectadas. Asimismo, destacó que Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al Gobierno Federal, recursos que serán destinados a atender las demandas incluidas en el Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, particularmente en los rubros de agua, salud y remediación del suelo.
A esta aportación se sumarán recursos del Gobierno de México y del Gobierno de Sonora para alcanzar una inversión total de 2 mil 222 millones de pesos, orientada a la reparación integral de los daños sociales, ambientales y laborales acumulados por décadas.
El gobernador resaltó que uno de los avances centrales del acuerdo es el reconocimiento de las comunidades del Río Sonora como sujetas de justicia ambiental, no únicamente como beneficiarias de apoyos asistenciales, lo que marca un cambio de fondo en la atención del daño ambiental.
Señaló que la resolución de estos conflictos fue posible gracias a un proceso de diálogo institucional y negociación encabezado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría del Trabajo, con la participación de las comunidades y trabajadores involucrados.
Durazo Montaño afirmó que el cierre de estos conflictos repara agravios acumulados por generaciones y contribuye a evitar que problemáticas prolongadas sigan reproduciéndose en el ámbito social, económico y político del estado.
Con este acuerdo, concluyó, Cananea deja de ser un símbolo de conflicto laboral activo y se convierte en un caso cerrado por la vía de la justicia social, mientras que el Río Sonora inicia una etapa de atención integral con responsabilidad ambiental y visión de largo plazo.



















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