Ciudad de México; 29 de diciembre de 2025.– Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que, bajo la conducción del Gobierno de México, se logró encaminar la resolución definitiva de dos de los conflictos sociales más prolongados y complejos en la historia reciente del estado: la huelga minera de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora.

El mandatario estatal subrayó que ambos conflictos permanecieron abiertos durante años sin una solución efectiva por parte de administraciones anteriores —18 años en el caso de la huelga minera y 11 años en el del Río Sonora— y reconoció que el acuerdo alcanzado representa un cierre histórico impulsado desde el ámbito federal, mediante la vía legal, social e institucional.

Durazo Montaño explicó que el acuerdo pone fin a la huelga de la Sección 65 a través de la liquidación correspondiente a más de 651 mineros, otorgando certeza jurídica y justicia laboral a las familias afectadas, como parte de una estrategia integral encabezada por el Gobierno de México.

Asimismo, resaltó que Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al Gobierno Federal, recursos que serán destinados a atender las demandas incluidas en el Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, particularmente en los rubros de agua, salud y remediación del suelo.

A esta aportación se sumarán recursos del Gobierno de México y del Gobierno de Sonora, para alcanzar una inversión total de 2 mil 222 millones de pesos, orientada a la reparación integral de los daños sociales, ambientales y laborales acumulados por décadas.

El gobernador reconoció que uno de los avances centrales del acuerdo, impulsado desde la Federación, es el reconocimiento de las comunidades del Río Sonora como sujetas de justicia ambiental, y no únicamente como destinatarias de apoyos asistenciales, lo que representa un cambio estructural en la atención del daño ambiental.

Señaló que la resolución de estos conflictos fue posible gracias a un proceso de diálogo institucional y negociación encabezado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Gobierno de Sonora y con la participación de las comunidades y trabajadores involucrados.

Durazo Montaño afirmó que el cierre de estos conflictos, conducido desde el ámbito federal, repara agravios acumulados por generaciones y contribuye a evitar que problemáticas prolongadas sigan reproduciéndose en el ámbito social, económico y político del estado.

Con este acuerdo, concluyó, Cananea deja de ser un símbolo de conflicto laboral activo y se convierte en un caso cerrado por la vía de la justicia social, mientras que el Río Sonora inicia una nueva etapa de atención integral, con responsabilidad ambiental y visión de largo plazo, bajo el liderazgo del Gobierno de México.