Ciudad de México, 11 de julio de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) respondió de manera enérgica a las declaraciones hechas por el abogado de Ovidio Guzmán López durante la audiencia celebrada este jueves en una corte federal del estado de Illinois, en Estados Unidos, calificándolas como “descalificaciones injustas, irresponsables y sin sustento”.

En un comunicado oficial, la FGR sostuvo que tales señalamientos solo buscan un “oportunismo mediático” que descalifica a quien los emite sin presentar pruebas. Además, afirmó que tanto en México como a través de sus representaciones en el extranjero —incluyendo consulados y la Embajada en Estados Unidos— están abiertas a recibir y documentar cualquier denuncia que se formule en apego a la ley.

La dependencia recordó que quien tenga conocimiento de un delito en territorio nacional está obligado a denunciarlo ante las autoridades competentes, acompañando pruebas, y advirtió que no hacerlo también constituye una infracción legal.

El posicionamiento se dio luego de que, en la audiencia realizada en Chicago, Ovidio Guzmán aceptara su culpabilidad en los principales cargos que se le imputan, entre ellos delitos relacionados con el tráfico de drogas y delincuencia organizada. También se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses como testigo en otros juicios vinculados al crimen organizado.

La Fiscalía destacó que la aprehensión de Guzmán López, ocurrida en enero de 2023 durante un operativo militar que dejó un saldo de diez soldados muertos, fue resultado del trabajo coordinado de las instituciones mexicanas, que además lograron su extradición a Estados Unidos.

Durante su gira por el norte del país, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “irrespetuosas” las afirmaciones hechas por la defensa legal de Guzmán López. Al ser cuestionada por medios de comunicación en Sinaloa, refrendó el compromiso del Estado mexicano con el respeto a la legalidad y respaldó las acciones de la FGR y el Ejército Mexicano.

Finalmente, la FGR subrayó que los resultados obtenidos —incluyendo la propuesta de cadena perpetua y la restitución de 80 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense— son reflejo del compromiso del Estado mexicano con la justicia y la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.