Ciudad de México, 21 de junio de 2025. — Con firmeza y convicción, la diputada federal Diana Karina Barreras celebró el fallo del Tribunal Electoral que determinó que los señalamientos hechos en su contra por la ciudadana Karla Estrella A. en la red social Twitter constituyeron violencia política de género.

La sentencia —ratificada por la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— obliga a Karla Estrella a emitir una disculpa pública, luego de que sus publicaciones, hechas más de un año antes del proceso electoral, atacaran a la entonces candidata en términos que fueron calificados como violencia de género.

“Solicité al INE que interviniera para calificar estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político, sin miedo a ser violentadas”, explicó Barreras. Y fue clara en su señalamiento: los mensajes de la usuaria no solo fueron ofensivos, sino que “invisibilizaban mi trabajo, mi preparación y mi recorrido laboral”.

Pese a la resolución, la legisladora decidió rechazar la disculpa obligatoria, dejando en claro que su lucha no es por censura, sino por dignidad, respeto y justicia:

“Nunca estaré a favor de la censura. Sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras como es la política”, expresó.

En un gesto que sorprendió por su madurez política, añadió:

“No necesito que ella se disculpe. Siempre es bueno el debate, sobre todo en temas públicos. Agradezco a quienes emitieron sus opiniones a favor y en contra de este tema. El debate democrático siempre ayudará a construir una mejor sociedad”.

Diana Karina Barreras insistió en que este caso no se trata de una confrontación personal, sino de un paso necesario para abrir camino a más mujeres en espacios de decisión, sin miedo a ser minimizadas o violentadas:

“Es el derecho que tenemos las mujeres de construir nuestra propia historia”, concluyó.

Con esta resolución, se establece un precedente legal relevante sobre los límites entre la crítica y la violencia política de género en redes sociales, así como sobre el papel que deben asumir las instituciones para garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en la vida pública.