Hermosillo, Sonora – La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, una iniciativa histórica que reúne a los gobernadores de las 32 entidades federativas, empresarios, instituciones académicas y representantes de distritos de riego. El acuerdo, alineado al Plan Nacional Hídrico 2024-2030, busca garantizar que el agua sea reconocida como un derecho humano y no como una mercancía, asegurando su gestión sostenible y equitativa en todo el país.

En el caso de Sonora, este plan hídrico contempla la construcción de un sistema de tres presas en Hermosillo, una obra estratégica que promete garantizar el abastecimiento de agua potable en la región durante los próximos 30 años. Este proyecto se enmarca dentro de los ejes clave del acuerdo: justicia en el acceso al agua, soberanía hídrica y adaptación al cambio climático.

“El agua no es una mercancía, es un derecho humano,” afirmó la Presidenta durante su discurso, destacando que este esfuerzo busca ordenar las concesiones de agua potable, tecnificar el riego en el campo e impulsar obras de saneamiento de ríos estratégicos como el Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

El compromiso empresarial y social

Durante el evento, Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, anunció la devolución histórica de concesiones en Cuatro Ciénegas, Coahuila, una demanda que por años encabezaron ambientalistas y ejidatarios. Además, confirmó inversiones significativas en la tecnificación del riego, recuperación de humedales y conservación de ecosistemas prioritarios en varias regiones del país.

Sonora: un enfoque estratégico

El Gobierno de Sonora será clave en la implementación del acuerdo, no solo por la relevancia de las nuevas presas en Hermosillo, sino también por su participación en un plan maestro que involucra a los tres niveles de gobierno. Este esfuerzo busca transformar la relación de los estados con sus recursos hídricos, priorizando el bienestar de las comunidades más vulnerables y el desarrollo sostenible del país.

Con este pacto, se espera sentar las bases para una política hídrica nacional que no solo asegure el abastecimiento de agua, sino que también promueva una gestión responsable frente a los desafíos del cambio climático y el crecimiento demográfico. La colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil será determinante para consolidar este proyecto a largo plazo.