Ciudad de México.-Este lunes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció un cambio en la estructura y funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que ahora pasará a denominarse Secretaría de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública. La reforma, que ha generado opiniones divididas entre diversos sectores políticos y sociales, supone un incremento en las responsabilidades de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública.

Con esta modificación, la SEDENA asumirá formalmente funciones de seguridad pública que antes recaían en la Guardia Nacional y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta decisión refuerza la presencia militar en tareas de vigilancia y seguridad a nivel nacional, lo que, según el mandatario, es una medida necesaria para enfrentar la violencia y el crimen en el país.

Sheinbaum argumentó que el cambio busca optimizar los recursos y mejorar la eficacia en el combate a la inseguridad, uno de los problemas más apremiantes en México. “Hemos logrado avances, pero necesitamos consolidar una estrategia de seguridad más fuerte y con mejor coordinación. La integración de la seguridad pública a la SEDENA permitirá una operación más directa y un control más eficiente de nuestras fuerzas,” señaló el presidente.

La modificación también implica un rediseño administrativo y operativo dentro de la SEDENA para adecuarse a sus nuevas funciones. Según fuentes del gobierno, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, será el encargado de supervisar esta transición, que incluye la implementación de sistemas de vigilancia y patrullaje más extensivos y la adopción de estrategias integrales para disminuir la violencia en las zonas más afectadas del país.

La decisión ha generado reacciones en el ámbito político y entre organizaciones de la sociedad civil. Mientras que algunos apoyan la medida como una acción necesaria para enfrentar la crisis de seguridad, otros consideran que representa una militarización excesiva del país. Voces críticas, como las de algunos senadores de oposición y defensores de derechos humanos, han manifestado su preocupación por el riesgo de vulnerar las libertades civiles y los derechos humanos.

El cambio de nombre y funciones de la SEDENA deberá ser aprobado por el Congreso y podría enfrentar un debate en el que se discutan los alcances y limitaciones de esta nueva responsabilidad asignada a las fuerzas armadas. La modificación, en caso de aprobarse, marcará un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país, fortaleciendo el papel de los militares en la protección de los ciudadanos, pero también suscitando cuestionamientos sobre la pertinencia de delegar tareas civiles a una institución castrense.

Este cambio en la estructura gubernamental también afecta a la SSPC, que podría perder funciones en seguridad pública, aunque el gobierno aún no ha detallado cómo se reorganizarán sus competencias.