Hermosillo, Sonora a 14 de octubre del 2024. La propuesta del Ejecutivo nacional de desaparecer organismos autónomos en México, como es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información ha avanzado al interior de las comisiones del Congreso de la Unión.

Al respecto, diferentes organizaciones se han manifestado en contra de la propuesta, especialmente organismos ciudadanos que hacen uso de la información pública para fines de estadística, periodísticos o de transparencia.

De aprobarse la propuesta, posteriormente pasaría a las entidades para su homologación, que, en el caso de Sonora, sería la desaparición del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), para que sus actividades y facultades sean adquiridos por la Secretaría de la Contraloría General.

Ana Patricia Briceño comisionada presidenta del ISTAI señaló que el acceso a la información es un derecho fundamental, que los ciudadanos cada vez utilizan más como herramienta de consulta, como en este año, que superan las 17 mil solicitudes de información.

“Van este año 17 mil 544 solicitudes de información, te estoy hablando por todos los sujetos obligados del Estado, no crean que nosotros como instituto, sino que contabilizamos todas las de los sujetos obligados”.

Organizaciones ciudadanas como Hermosillo ¿Cómo Vamos? y de empresarios como la COPARMEX Se han manifestado en contra de la desaparición de los organismos de transparencia, de acceso a la información y de la protección de datos personales.

La diputada local Deni Gastelum Barrera, de Morena, argumentó que de llegar la propuesta al Congreso de Sonora, deberá analizarse con la participación de todos los sectores, como empresarios, organismos de la sociedad y la academia para evaluar su impacto.

“Tendríamos que valorar a que nos llegue esta iniciativa de reforma revisar con las comisiones pertinentes y en su momento con gusto emitir una opinión con la consulta de los expertos”

De desaparecer el organismo de transparencia de Sonora, se dejarían de otorgar más 51 millones de pesos que ejerce de presupuesto anual y podría generar un vacío en la supervisión y garantía de derechos fundamentales en el ámbito estatal y municipal.