Ciudad de México, 11 de Septiembre.- En la madrugada del 11 de septiembre de 2024, el Senado de la República aprobó la reforma judicial promovida por Morena y sus aliados, con 86 votos a favor y 41 en contra. Esta sesión estuvo marcada por una serie de incidentes, como la irrupción de manifestantes en el pleno y la tensión entre senadores de la oposición y los del bloque oficialista.

La reforma judicial, una de las más polémicas en los últimos años, establece que en 2025 se realizará la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todos los ministros actuales serán destituidos, mientras que jueces y magistrados serán relevados de manera escalonada. Esta propuesta ha generado un fuerte debate, ya que sus críticos argumentan que pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y podría generar un mayor control del Ejecutivo sobre el sistema de justicia.

El proceso de votación no estuvo exento de controversias. A lo largo de la jornada, la oposición intentó bloquear la sesión, argumentando que la detención del padre de un senador del Movimiento Ciudadano en Campeche afectaba la legalidad del proceso. Además, la participación de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, fue decisiva para alcanzar la mayoría calificada requerida. Yunes Márquez, quien justificó su voto a favor de la reforma como la “decisión más difícil de su vida”, fue señalado por traicionar a su partido.

A pesar de los esfuerzos de la oposición para frenar la reforma, los senadores de Morena, PT y el Partido Verde celebraron la aprobación con gritos de “¡La reforma va!”. Esta victoria legislativa ha sido aplaudida por figuras clave de Morena, como Claudia Sheinbaum, quien felicitó a los senadores por su logro y destacó que la reforma fortalecerá la impartición de justicia en el país.

La aprobación de la reforma ha generado una reacción dividida en el país. Por un lado, los defensores argumentan que permitirá un sistema judicial más transparente y democrático; mientras que los opositores advierten que se está abriendo la puerta a un mayor control del Poder Ejecutivo sobre las instituciones judiciales, lo que podría debilitar la democracia en México.